Reportajes

Al cumplirse un año del paro nacional 27A, el Congreso impulsa la transparencia

Guatemala ha cambiado y el Congreso de la República, como la más alta representación de la política nacional, ha sido el principal actor en la aprobación de leyes que responden al clamor ciudadano contra la corrupción y en pro de la transparencia.

Se cumplió un año del paro nacional conocido como 27A, cuando miles de personas de diferentes estratos sociales, en forma pacífica y espontánea, se volcaron a las calles a manifestar su repudio contra la corrupción del Gobierno de turno. Hoy los guatemaltecos son testigos de los cambios cuantitativos y cualitativos que han dado como resultado una ola de lucha contra el abuso de poder, saqueo de los fondos públicos, enriquecimiento ilícito y otros delitos, pero también del fomento de la transparencia en las diferentes instituciones, lo cual ha fortalecido el Estado de Derecho y la justicia en el país.

Según Fernando Linares Beltranena, diputado por el Partido de Avanzada Nacional, el Congreso no es la excepción, pues atendiendo el clamor popular se han aprobado reformas a diferentes leyes, como la Ley Orgánica y la de Servicio Civil del Organismo Legislativo, Ley Electoral y de Partidos Políticos, que por años fueron dejadas en el olvido por los políticos.

“Los diputados de la octava legislatura nos sentimos en una nueva Guatemala y prueba de ello es que no venimos con ánimo de hacer negocios ni tranzas, sino de sacar adelante el trabajo legislativo, buscando el bien común de la ciudadanía que nos eligió como sus representantes”, aseguró.

Por su parte, Raúl Romero, integrante de la bancada Fuerza, aseguró que el Congreso está asumiendo su responsabilidad legislativa en virtud de que se ha retomado el proceso de elección de cargos en diferentes dependencias, como el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala, y adelantó que en los próximos días se evaluará el tema de los representantes de este Organismo de Estado ante la Junta Monetaria, el Registro Nacional de las Personas y el Consejo de la Juventud.

“El Congreso ha dado señales de que está cambiando, que está empezando a ser diferente. No podemos decir que está totalmente renovado, debido a que todavía nos encontramos en un proceso de transformación, modernización y transparentización, lo cual ha dado paso a grandes cambios en la política nacional”, expresó.

Los parlamentarios ratificaron su compromiso de seguir impulsado leyes en favor de los guatemaltecos y continuar con las funciones que la Constitución Política de la República les manda: legislar, fiscalizar e intermediar.

Un año después, el Organismo Legislativo también es actor en la lucha por la transparencia; las modificaciones a las leyes Orgánica y de Servicio Civil son muestra de los esfuerzos que se hacen para poner orden y control en el uso de los recursos públicos. Además, se colabora con los entes investigadores y operadores de justicia, con el objetivo de no apañar a los diputados señalados de cometer anomalías administrativas y otros delitos, sino propiciar que se respete la ley.

El Congreso de la República es ahora el ente más transparente del Estado, pues tiene un 98.4 por ciento en el nivel de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, según la evaluación efectuada por la Procuraduría de Derechos Humanos; en diciembre de 2015 la medición era de 36.2 por ciento. Además, los cambios internos han permitido reducciones sustanciales en rubros que reportaban cifras elevadas, como la contratación de personal en el renglón 022, que tiene una rebaja de Q31.9 millones, y Q1.4 millones en el renglón 011, y Q4.5 millones menos en el pago de horas extras.

El 27A se constituyó como una iniciativa difundida en redes sociales, con una convocatoria a todos los guatemaltecos, en su mayoría jóvenes, a manifestar su indignación por el mal manejo de los recursos públicos. Como punto de reunión, la Plaza de la Constitución fue colmada por miles de personas exigiendo la renuncia de los políticos acusados de corrupción.

Las manifestaciones se originaron tras la desarticulación de estructuras y redes ilegales que alcanzaron la Superintendencia de Administración Tributaria, con la participación de funcionarios de diferentes niveles, incluyendo a los mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, quienes actualmente enfrentan procesos penales.

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Karen Mendoza

Karen Mendoza

Estudiante de Ingeniera Industrial; apasionada con la comunicación social y comprometida en informar sobre el trabajo del Organismo Legislativo.

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